tse-presidente-1

El próximo 26 de enero se cumplirán siete años de la creación del Tribunal Superior Electoral como órgano constitucional para el ejercicio de la tutela de las garantías y/o derechos políticos electorales de los militantes y miembros de los partidos y organizaciones políticas con registro legal otorgado por el órgano administrativo electoral, es decir, la Junta Central Electoral.

Este órgano electoral de carácter jurisdiccional inició sus labores, como ya es de su conocimiento, el día 3 de enero del año 2012, en razón de que sus miembros fueron designados y juramentados en el mes de diciembre del año 2011.

Con pleno conocimiento de que la función de un Tribunal es administrar justicia, conocer y resolver los conflictos o controversias de los que es apoderado, actuando siempre con estricto apego  a la verdad, la razón y el derecho, los jueces o juzgadores deben siempre hacer una correcta interpretación de las normas jurídicas y del derecho en sentido general para establecer los criterios que les permitan siempre decidir y actuar con fidelidad a los ideales y principios rectores de la justicia.

Los órganos responsables de la tutela judicial efectiva en materia político electoral deben entender que  el ejercicio de sus funciones es para contribuir a la consolidación del Estado Social y Democrático de Derechos, actuando siempre en la dirección de salvaguardar los derechos fundamentales de los militantes de los partidos y agrupaciones políticas, especialmente los derechos de naturaleza político-electoral.    

Transcurrido estos cinco años de ejercicio de sus funciones jurisdiccionales podemos afirmar que el Tribunal Superior Electoral ha contribuido al fortalecimiento del sistema electoral dominicano resolviendo jurídicamente, los conflictos o controversias de carácter político de los que ha sido apoderado.

Las decisiones de esta alta corte, además de resolver los conflictos que se originan entre los militantes y directivos de los partidos y agrupaciones políticas, han contribuido a la formación y fortalecimiento de la cultura jurídica en la materia del Derecho Electoral  y de los derechos políticos electorales.

Las garantías políticos electorales consagradas en la Constitución, los tratados internacionales y en el ordenamiento jurídico en general, han encontrado en el Tribunal Superior Electoral la tutela para que las mismas alcancen su realización y no permanezcan limitada a su mención teórica y al desconocimiento de los directivos de los partidos y agrupaciones políticas. 

La celebración del quinto aniversario del inicio del ejercicio de las funciones del Tribunal Superior Electoral, representa una oportunidad para renovar el compromiso con el fortalecimiento del sistema electoral dominicano, tutelando los principios de constitucionalidad, legalidad, independencia y transparencia a los que deben estar sujetos, inexorablemente, nuestros actos.

Reafirmamos nuestra misión de tutelar, de manera efectiva, el libre y soberano ejercicio de las garantías y derechos políticos electorales y contribuir, de manera eficaz, con la solución de  los diferentes asuntos de nuestra competencia que por voluntad de las partes interesadas sea apoderado el Tribunal, tanto en la materia contencioso electoral, así como en lo concerniente a la rectificación de las actas del estado civil.

Es importante destacar el desarrollo y consolidación del TSE como máxima autoridad en materia electoral. Esto se refleja en nuestro amplio cuerpo jurisprudencial compuesto por 813 sentencias o decisiones contenciosas electorales resolutorias de las controversias o conflictos de los que ha sido apoderado el Tribunal durante estos cinco años.

En materia de rectificación de actas del estado civil el Tribunal ha emitido 25,905 sentencias que han dado respuesta a solicitudes realizadas por ciudadanos y ciudadanas que requieren de la corrección de errores o incongruencias en sus actas del estado civil.

Estas decisiones además de establecer criterios y principios en la interpretación jurisprudencial, introducen nuevos y valiosos elementos al ordenamiento jurídico nacional, los cuales enriquecen los conocimientos sobre la función jurisdiccional dentro de la normativa electoral. También representan la confianza de los partidos y agrupaciones políticas, de los ciudadanos y actores del sistema, al recurrir al Tribunal Superior Electoral como la vía institucional civilizada para la resolución jurídica de los conflictos que se generan a lo interno de los partidos políticos o con motivo del ejercicio del acto electoral.